El ministro de Vivienda, Durich F. Whittembury Talledo, declaró públicamente que el Estado “va ganando el juicio” contra, nuestro Clinete, la familia Fernández Concha, esta afirmación del Ejecutivo sobre proceso civil no sentenciado ha sido calificada de Impropia y prematura pues resulta inapropiado y estéril que desde el Poder Ejecutivo —y en particular desde el propio ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se afirme públicamente que “le vamos ganando el juicio a los Fernandez Concha” sobre un proceso judicial en trámite, máxime cuando se trata de una contienda civil de naturaleza patrimonial, aún no resuelta por el órgano jurisdiccional autónomo.

En un proceso civil, regido por los principios de independencia judicial, debido proceso y presunción de licitud del derecho invocado, no existe ganador ni perdedor hasta que se emita sentencia firme. Cualquier declaración anticipada en sentido contrario no solo carece de sustento jurídico, sino que desnaturaliza el rol institucional del Estado, trasladando una controversia estrictamente jurisdiccional al terreno de la narrativa especulativa política.

En un Estado constitucional de derecho, la prudencia institucional del ejecutivo no es una opción: es una obligación.

Estudio Castro & Mertz Abogados

Estudio Castro & Mertz Abogados rechaza esta afirmación por falsa, ya que la situación resulta todavía más delicada si se considera que el proceso —incoado por el propio Estado contra una familia titular de derechos de propiedad (Cliente del Estudio Castro & Mertz)— se encuentra en fase liminar, pese a una prolongada historia litigiosa de aproximadamente veinte años. En ese escenario, afirmar resultados favorables no solo es técnicamente errado, sino que induce a error a la opinión pública y puede interpretarse como un intento de presión indirecta sobre la función jurisdiccional.

El Estado, como parte procesal, está sujeto a las mismas reglas que cualquier ciudadano o particular. No le es jurídicamente lícito adjudicarse victorias procesales inexistentes, ni instrumentalizar litigios patrimoniales para obtener respaldo político o mediático. La única verdad procesal válida es la que emana de una sentencia debidamente motivada, emitida por juez competente y con autoridad de cosa juzgada.